La noticia de un nuevo feminicidio esta vez en Trujillo que elevaría a cinco estos crímenes ocurridos entre diciembre y enero últimos, pone nuevamente sobre el tapete la urgente necesidad de priorizar la prevención y atención de este problema. Sin embargo poco podrá hacer el gobierno pues el presupuesto 2014 para la Lucha Contra la Violencia Familiar y Sexual llega solo al 0.09% del monto total destinado a los gastos del gobierno nacional, registrando una ligera variación respecto al 0.07% del 2013.
Así lo indica DEMUS-Estudio para la defensa de los derechos de la mujer, institución que a través del Portal de Transparencia Económica viene dando seguimiento a los presupuestos asignados al Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) y al Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer (PNCVHM) dependientes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Dicho portafolio experimenta un incremento nominal de solo 2.2% en comparación al periodo anterior, donde si bien destacan los 71,867,949 nuevos soles orientados a la lucha contra la violencia familiar y sexual que mejorarán las partidas destinadas a los servicios de atención, los resultados no tendrán el impacto necesario pues, como se señaló antes, el monto es apenas el 0.09% del presupuesto.
Sin embargo, lo más preocupante es la caída en 15 puntos porcentuales de la asignación presupuestal a las acciones de prevención, aspecto fundamental en la estrategia para erradicar la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres, que vulnera los derechos humanos de cuatro de cada 10 peruanas según datos de la ENDES 2012.
“Observamos que el 70% del presupuesto se orienta a la atención de la violencia y solo el 2% a la prevención, con lo que no es posible garantizar cambios sustanciales en el sociedad para, por ejemplo, remover las ideas machistas que sustentan el afán de control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres que en grado extremo llega al feminicidio y a la violencia sexual generalizada”, afirmó María Ysabel Cedano, directora de DEMUS.
También dijo que el MIMP acierta al señalar la impunidad frente al feminicidio por un inadecuado tratamiento de parte de operadores de justicia –en el 58% de los casos los victimarios están prófugos y no se aplica la figura de tentativa de feminicidio- sin embargo ejerce una débil rectoría de la política de igualdad de género y contra la violencia hacia las mujeres. “Por eso tenemos sectores que no cumplen con la prevención y atención; ¿cuántas veces se ha reunido la Comisión de Alto Nivel, máxima instancia política para que el Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres se cumpla”, se preguntó.
El estudio realizado por DEMUS evidencia que las partidas de los ministerios de Salud y del Interior -que junto con el MIMP, Justicia y Educación son responsables del PNCVHM- mantienen los niveles marginales de años anteriores. El MINSA otorga el 0.03% de su presupuesto a la “Acción Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual” y el MININTER el 0.005% al rubro “Apoyo al Plan Contra la Violencia Hacia la Mujer”. El Portal de Transparencia Económica no muestra información sobre las asignaciones a Educación y Justicia.
“Será difícil que la ministra Jara cumpla con su ofrecimiento de habilitar casas refugio y menos con lograr un cambio social y cultural mediante la educación familiar y casa por casa como señaló. Más bien debiera asumir la rectoría y exigir al MINEDU que desarrolle la política de educación sexual que forme nuevas identidades y sexualidades libres de machismo”, subrayó.
Precisó además que es imprescindible que como titular del MIMP le demuestre al MEF que el presupuesto otorgado no evitará que las mujeres sean víctimas de feminicidio, violencia sexual, acoso sexual, trata, lesbofobia, entre otras formas de violencia de género que “limitan nuestros proyectos de vida, afectan nuestra salud mental y nos quitan el derecho a ser libres, autónomas y felices, ciudadanas de una democracia con igualdad de género”.
Lima 14 de Enero 2014
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