DEMUS-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, hizo un balance negativo sobre el estado de los derechos humanos de las peruanas en el año que culmina, especialmente los relacionados a su sexualidad y reproducción, sobre los que se ha cernido una permanente amenaza por la acción de congresistas de posiciones conservadoras y la falta de voluntad política del Ejecutivo.
La institución feminista, en el análisis elaborado por su asociada Jeannette Llaja Villena, considera que uno de los riesgos latentes es la intención de eliminar la obligación estatal de brindar educación sexual a adolescentes planteada en el proyecto de ley del Nuevo Código de Niños, Niñas y Adolescentes que implicaría inclusive desconocer la legalidad del aborto terapéutico.
Pone también en evidencia la contradicción existente entre el discurso oficial favorable a los derechos humanos de las mujeres, expuesto en diversas citas y eventos internacionales y otros de carácter nacional, y las decisiones de Estado que en el 2013 no han generado cambios orientados al reconocimiento integral de todos los derechos que les corresponde.
“El gobierno habla del derecho a una vida libre de violencia pero le asigna apenas un 0.07% del presupuesto del Ejecutivo, aprueba el Plan para la prevención del embarazo adolescente con dos años de retraso, y hasta hoy no da luz verde al protocolo del aborto terapéutico”, afirmó Llaja.
Asimismo indicó que es negativo el desempeño estatal en torno a las observaciones que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo sobre el Quinto Informe Periódico del Perú a inicios del año pasado, en su 107ª reunión entre el 11 y 28 de marzo del 2013.
Por ejemplo no ha tomado acciones para garantizar justicia y reparación a las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno, y a las que fueron esterilizadas contra su voluntad en el régimen fujimorista, contra quienes se cometieron crímenes de lesa humanidad. No existe ningún sancionado hasta la fecha ni reparaciones integrales.
Tampoco ha aprobado el protocolo de aborto terapéutico ni promovido la revisión de la legislación punitiva de las interrupciones de embarazo –previendo las excepciones por violación e incesto- y menos incluido la anticoncepción oral de emergencia como parte de los métodos proveídos en los establecimiento públicos de salud para prevenir las gestaciones tempranas y mortalidad materna.
Y sobre el derecho a una vida libre de violencia no ha impulsado una legislación que penalice las agresiones domésticas, ni garantizado que las denuncias de las mujeres sean todas investigadas, los responsables sancionados y las víctimas cuenten con medios eficaces de protección.
“Si bien se cuenta con un tipo penal específico para el feminicidio ello no es suficiente para enfrentar la violencia de género una de cuyas manifestaciones crecientes es la violencia sexual, pese a lo cual el gobierno no destina un presupuesto suficiente para hacer frente a este problema ni lo articula a las prioridades nacionales”, sostuvo la representante de DEMUS.
Llaja Villena agregó que este panorama demuestra que el discurso oficial en defensa de los derechos de las mujeres tiene un techo marcado por la falta de laicidad del Estado que lo hace permeable a los intereses de grupos conservadores opuestos a los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres adultas, a quienes no reconocen el derecho a decidir con autonomía sobre sus cuerpos y sus vidas.
Lima 2 Enero 2014 / Mayor información: Mariela Jara (986264356)
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