CASTILLA Y EL TRABAJO DECENTE

Por Enrique Fernández-Maldonado.

Lo recuerdo más o menos así: Castilla sentado al lado del Presidente, acompañándolo en la cabecera. En diagonal, en el extremo derecho de la mesa, el entonces premier Jiménez. Fue en un consejo de ministros realizado en octubre del 2012. Me tocó estar ahí en reemplazo del ministro Villena, en esos momentos en el extranjero. El motivo: la presentación del proyecto de Política Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Laborales. Una iniciativa que impulsamos desde el Ministerio de Trabajo y que tuve que presentar en mi condición de director del área.

El resultado, adelanto, fue negativo. No se aprobó nuestra propuesta de política, ni aquella vez ni nunca. Poco importó la necesidad de institucionalizar una función clave para la Autoridad de Trabajo: la gestión de la conflictividad laboral, en un país donde las tensiones sociales están a flor de piel. Muchos menos se consideró el esfuerzo realizado por diversas instancias a nivel nacional; trabajo validado por agencias especializadas (OIT) y los propios actores sociales.

Lo tragicómico, si cabe el término, fue la forma cómo se resolvió el fin de esta iniciativa. Y muy revelador de quien ejerce realmente poder en estos predios.

“Esta política no puede aprobarse porque tiene por objetivo general promover el Trabajo decente y ese es un objetivo muy caro para el gobierno”, sentenció Castilla, claro y directo, dejando sentada una posición a la postre inamovible. Y sin quitarle la mirada a Humala, cerró: “Aprobarla sería como una provocación para los maestros y médicos”; en clara alusión a la huelga indefinida que emprendían ambos sectores por esos días.

Castilla rompía así un consenso general al interior del Consejo. En un contexto ganado por los conflictos sociales, la opinión de todas las carteras fue a favor de su aprobación. “Es un documento de una inusual calidad técnica e intelectual en el sector público”, reconoció un entusiasta canciller Roncagliolo.

Pero la negativa del Ministro de Economía fue contundente. Y finalmente pesó más que la de todos los ministros, incluida la del Premier. De nada sirvió que le recordaran a Humala que ya había anunciado como aprobada esa medida en su reciente mensaje presidencial de 28 de julio, cuando aún no lo estaba.

Por eso no extraña que Castilla decidiera desandar lo poco bueno que en materia laboral hizo en sus primeros meses el gobierno. Cuando se pensaba que el Estado –pero sobre todo los trabajadores– contaría con una legislación disuasoria de la irresponsabilidad empresarial, el gobierno decide flexibilizar las normas de seguridad y salud ocupacional, reduciendo las penalidades por accidentes de trabajo con consecuencias fatales.

¿Quiénes ganan y quienes pierden con esta medida? Por la vehemencia con que criticaron esta Ley y los recursos que invirtieron para traérsela abajo, pareciera que un sector de empresarios se beneficiarían con la reducción de las multas (en un costo que pareciera fijo), o que no irán a la cárcel (por no invertir lo suficiente) en caso de “accidentes” mortales por negligencia. 

En el balance los trabajadores aparecen como los principales perjudicados. Aunque no se cuenta con un registro nacional de accidentes de trabajo que nos permita aproximaciones certeras, los últimos años han sido especialmente intensos en muertes laborales. No hay mes que no sepamos de obreros de construcción fallecidos durante su jornada. En la minería igual: 149 obreros muertos y 4,271 accidentes incapacitantes entre el 2011 y el 2013, según cifras del MINEM. Pero no es una realidad que sensibilice a los hacedores de política, ni a la CONFIEP. Mucho menos a Castilla, para quien el trabajo decente, con derechos y seguridad, es una condición que no merecemos los peruanos.